Cuando se trata de un proceso penal es común que se requiera una valoración psicológica de la persona imputada. Siendo motivado por la necesidad de conocer si es imputable a todos los efectos. Cuando el sujeto ha cometido el acto delictivo, se busca saber si tenía la capacidad para comprender la naturaleza y trascendencia de sus actos. Si ello es así, debe quedar claro si habiendo podido obrar de otra manera, ha decidido libremente ejecutar dichos actos que se definen como delito dentro del marco de la ley. Sí, por el contrario, uno de estos dos factores, cognición (saber) y volición (querer) se vieron afectados en el momento de los hechos que se juzgan, se podría modificar su grado de imputabilidad o incluso declarar a la persona como inimputable.

El psicólogo forense en estos casos lleva a cabo una minuciosa evaluación del estado mental del acusado. Su finalidad será la definición del perfil psicológico que permita un mayor entendimiento de su comportamiento. En los casos que se detecta una psicopatología, nuestra labor como peritos psicólogos es la de demostrar si existe una relación entre el trastorno psicológico y el supuesto delito cometido.

Una de las demandas más habituales dentro de este ámbito son la de informes periciales para evidenciar la existencia de una drogodependencia.  En las situaciones en las que existe una adicción por consumo de sustancias, la defensa intenta demostrar que las capacidades (cognición-volición) del acusado estaban afectadas fruto de la sintomatología que esta provoca. Si esto se consigue, las consecuencias penales podrían verse reducidas de forma considerable. La confirmación de una toxicomanía, al igual, que cuando un sujeto presenta una psicopatología de base, como por ejemplo un trastorno psicótico, no justifica que haya cometido el delito. Para ello, debe haber una relación significativa entre la afectación psicológica y los hechos ocurridos.

En otras ocasiones se piden periciales sobre la capacidad procesal, cosa que no debe confundirse con la imputabilidad, ya que esta última se refiere a la responsabilidad penal del acusado. Mientras que la capacidad procesal hace alusión a la aptitud de una persona para ser juzgada, comparecer en juicio y poder realizar, dentro de él, actos procesales válidos. Si se viera dicha capacidad afectada por un trastorno mental, esta persona no podría ser juzgada.

Dentro de la amplia casuística penal, la psicología forense puede arrojar luz sobre la peligrosidad de una persona, con el fin de saber cuál es la probabilidad futura de que vuelva a delinquir. Este tipo de informes se elaboran especialmente cuando se solicitan por jueces y magistrados, buscan saber qué medidas se adaptan mejor ante una posible reincidencia.